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En respuesta a las recientes redadas migratorias realizadas por agentes federales de ICE en la ciudad de Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass firmó una directiva ejecutiva que refuerza su “compromiso” con la protección de sus comunidades inmigrantes.
La medida llega tras operativos considerados ilegales por la administración local, que incluyeron la presencia de vehículos militarizados en zonas públicas como el Parque MacArthur.
“Somos una ciudad orgullosa de inmigrantes”, declaró la alcaldesa Bass. “Nunca aceptaré estas redadas ilegales y seguiré haciendo todo lo que esté en mis manos para defender los derechos del pueblo de Los Ángeles”.
La Directiva Ejecutiva N.º 12, titulada “Unidos de Pie – Una Ciudad Orgullosa de Inmigrantes”, instruye a todos los departamentos municipales a reforzar sus protocolos de respuesta ante actividades migratorias federales, en cumplimiento con la ordenanza de ciudad santuario aprobada en 2024. Esta normativa prohíbe el uso de recursos municipales para colaborar con operativos migratorios federales, como los de ICE.
Entre las acciones para proteger a inmigrantes se encuentran:
La elaboración de planes de preparación por parte de cada departamento municipal, incluyendo capacitaciones específicas para su personal y contratistas.
La creación de un grupo de trabajo liderado por la Oficina de Asuntos de Inmigrantes, en colaboración con organizaciones comunitarias, para formular guías adicionales de actuación.
La ampliación del acceso a recursos municipales para familias afectadas por redadas, con difusión multilingüe.
La presentación de una solicitud formal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener información sobre las redadas, incluyendo identidades de los detenidos y costos operativos.
Además de la directiva, la alcaldesa anunció que la ciudad interpondrá una demanda contra la Administración Trump, argumentando que las redadas violan derechos constitucionales y buscan sembrar miedo en comunidades vulnerables.
La demanda se suma a los esfuerzos comunitarios por garantizar que los residentes, sin importar su estatus migratorio, puedan acceder a servicios esenciales como salud, educación y transporte sin temor a ser detenidos.
La política de no colaboración con ICE no es nueva en Los Ángeles. Desde 1979, la Orden Especial 40 del LAPD prohíbe a los oficiales detener a personas únicamente para verificar su estatus migratorio.
Esta protección se ha fortalecido con nuevas ordenanzas y directivas, como la emitida por la alcaldesa Bass, que buscan blindar a la ciudad frente a políticas migratorias federales consideradas agresivas o inconstitucionales.
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