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El gobierno de México ha emitido dos nuevos decretos de expropiación de tierras ejidales en la Península de Yucatán, específicamente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, como parte del avance operativo del megaproyecto Tren Maya. Las resoluciones, publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación, autorizan la ocupación definitiva de más de 33 hectáreas de uso común en los ejidos “Felipe Carrillo Puerto” y “X-Hazil y Anexos”, con el argumento de utilidad pública.
Según los documentos oficiales, los terrenos serán destinados a la instalación de infraestructura ferroviaria y a la operación directa del Tren Maya, tanto para el transporte de pasajeros como de carga. En el caso del ejido “Felipe Carrillo Puerto”, se expropian 33 hectáreas de tierra de temporal, por las cuales el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ha dictaminado una compensación de 32 millones 45 mil pesos, basada en el valor comercial vigente. Esta suma representa una de las indemnizaciones más altas otorgadas hasta la fecha por este concepto dentro del proyecto.
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En paralelo, también se ordenó la expropiación de 0.37 hectáreas adicionales en el ejido “X-Hazil y Anexos”, cuya compensación fue determinada en 235 mil pesos. Ambos ejidos ya habían sido objeto de expropiaciones anteriores entre 2023 y 2024, acumulando un total de cerca de 130 hectáreas transferidas al Estado mexicano para las obras del Tren Maya. Estas nuevas resoluciones se suman a una serie de intervenciones territoriales que han generado amplio debate jurídico, político y ambiental.
El fundamento legal de estas acciones es la figura de la “utilidad pública”, concepto recogido en la Ley Agraria y la Constitución mexicana, que permite al Estado tomar posesión de terrenos ejidales siempre que se garantice una indemnización justa. No obstante, los decretos también incluyen una cláusula de reversión: si en un plazo de cinco años no se concreta el uso público declarado, los terrenos deberán ser devueltos a los núcleos agrarios originales, conforme a la ley vigente.
Estas decisiones se producen en un momento en el que la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que las obras del Tren Maya están “prácticamente terminadas”, y ha reiterado que a finales de mayo estarán listos todos los Centros de Atención a Visitantes (CAVs), salvo una excepción pendiente. Apenas el fin de semana pasado, la mandataria estuvo en Yucatán para inaugurar el ramal Progreso, un tramo clave para conectar el tren con el puerto de altura y facilitar el movimiento ferroviario de carga.
Expropiaciones silenciosas y promesas turísticas
El avance del Tren Maya ha pasado de una etapa de construcción visible a una fase de consolidación jurídica silenciosa. Las expropiaciones, aunque perfectamente legales en su estructura formal, representan una constante tensión entre la lógica del desarrollo federal y las realidades agrarias del sureste mexicano. El núcleo del conflicto no es solo el uso del suelo, sino el significado político y simbólico de despojar a comunidades indígenas de tierras de uso común, muchas de las cuales tienen vínculos ancestrales y culturales profundos con el territorio.
La narrativa oficial presenta estas expropiaciones como parte de una estrategia nacional de infraestructura, movilidad y turismo, pero en la práctica revelan el costo territorial que implica la ejecución de un megaproyecto impuesto desde el centro del poder. Lo que se paga en millones de pesos por hectárea difícilmente compensa lo que se pierde en soberanía comunitaria, equilibrio ecológico o representatividad local. Las indemnizaciones no compran legitimidad.
Además, la cláusula de reversión incluida en los decretos —aunque necesaria desde una perspectiva jurídica— genera más dudas que certezas. La posibilidad de que los terrenos sean devueltos si no se cumple la causa de utilidad pública en cinco años plantea preguntas sobre la sostenibilidad del proyecto, su verdadero impacto funcional y la capacidad del Estado para integrar esas infraestructuras a largo plazo. Si el tren no logra consolidar un modelo operativo autosuficiente, estas hectáreas podrían quedar en un limbo legal o funcional.
El gobierno de Sheinbaum ha heredado no solo el proyecto físico del Tren Maya, sino también su carga ideológica y su capital político. La continuidad administrativa no puede disociarse de la necesidad de revisar los impactos reales que este proyecto dejará en los territorios indígenas y campesinos del sureste. Más allá de la foto inaugural o del discurso de “desarrollo regional”, el legado del Tren Maya se medirá no en kilómetros de vía férrea, sino en el tipo de relación que el Estado redefine con las tierras que antes pertenecían —material y espiritualmente— a otros.
